La amenaza que el totalitarismo suponía no sólo era para la libertad y los derechos humanos, sino también para la lengua y la conciencia. Rebecca Solnit (Las rosas de Orwell)
La distorsión del lenguaje es una clara manifestación del populismo. El método es simple. Considerar sacrosantas ciertas palabras y machacarlas tercamente hasta que se les despoja de racionalidad; no transmiten ideas, provocan emociones.
El tema ha sido abordado y señalado como un mal social. En el siglo XX, por dos relevantes pensadores: George Orwell en la literatura y Ludwig Wittgenstein con su Tractatus logico-philosophicus, muy citado, pero poco leído por denso e incomprensible.
Se habla de que el populismo crea un neolenguaje. En la sabia Grecia era la demagogia, entendida como “el empleo de halagos, falsas promesas y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política”. En nuestro tiempo, tenemos la posverdad, bulos, fake news y memes. Venenos que complican la convivencia y los valores que la sustentan: confianza y credibilidad.
Una palabra que requiere dilucidar su significado es soberanía. Griegos y romanos se referían a majestas y autoritas, cuyo origen etimológico está en la raíz latina super omnia, es decir, “sobre todo”. El término implica concentración de poder. El diccionario de la RAE lo define como “poder político supremo que corresponde a un Estado independiente”.
Grandes pensadores fueron incorporando diversos elementos a un concepto de clara connotación monárquica para sustentarlo en la participación ciudadana. Ahí está el origen de expresiones como voluntad general, soberanía popular o división de poderes.
Digamos que la idea se fue desenajenando del poder por el poder para darle soporte racional y valorativo y se añadió algo fundamental: el monopolio de la violencia legal que recae en los órganos del Estado.
El último retoque, digamos, fue su vinculación con el derecho internacional que, aun careciendo de instrumentos eficazmente vinculatorios para su observancia, fue evolucionando hasta alcanzar una gran consolidación de instituciones que resolvieron graves conflictos, permitiendo una cada vez más sólida paz entre las naciones. La mayor hazaña fue la creación de la Comunidad Europea, que unió a países que por siglos se habían confrontado. La soberanía pasó a radicar en las leyes y en el supremo poder de expedirlas y derogarlas. Desafortunadamente, como suele acontecer, la historia no avanza en forma lineal y progresiva. En nuestro caso, los peligros mayores a nuestras instituciones no vienen del exterior, sino de lo que venimos confirmando en los últimos años: el resquebrajamiento del Estado de derecho y los altos índices de violencia e impunidad.
Hermann Heller lo expresa elocuentemente: “La soberanía es la potestad de un pueblo, instancia decisoria suprema para determinar la forma de su unidad y de su destino en la historia universal”. Con estas herramientas podemos afirmar que el Estado mexicano pasa por un momento de extrema gravedad y que radica fundamentalmente en una grave indefinición de sus autoridades para concebir una valoración política-jurídica que oriente y dé coherencia a las decisiones. No hacerlo conduce a un espejismo y desemboca en una teoría del Estado y del derecho sin Estado y sin derecho.
Otro concepto que ha trastocado a la administración pública es el de áreas estratégicas como exclusivas del gobierno. Se incorporó en nuestra Constitución durante la Presidencia de Miguel de la Madrid, después de la decisión de José López Portillo de expropiar la banca. Término de origen militar, nunca fue suficientemente definido en nuestras leyes.
Un orden normativo requiere el deslinde de lo público y lo privado. A la confusión heredada, el actual gobierno ha enredado aún más el asunto con un palabrerío que es una auténtica maleza imposible de penetrar. Sin entendimiento y consenso de principios elementales no se va a reconstruir nuestra nación.
