El acuerdo de Walmart de México con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 8 mil 79 millones de pesos, unos 370 millones de dólares, se produjo tras amenazas penales por fraude fiscal, en medio de una ofensiva del gobierno federal en contra de grandes empresas.
De acurdo con publicación del diario El Financiero, tres personas familiarizadas con el caso quienes solicitaron el anonimato protegidos por las leyes de privacidad, revelaron que a principios de 2020, los funcionarios presentaron una denuncia penal ante fiscales federales sobre la estrategia de la unidad mexicana de Walmart, conocida como Walmex, que utilizó para minimizar sus ganancias por la venta en 2013 de la cadena de restaurantes Vips.
Señalaron que dicho acuerdo ha suscitado preocupación de directores financieros y auditores, quienes temen que el gobierno pueda usar las amenazas de enjuiciamiento y vergüenza pública contra ellos, y muchos se apresuran a resolver disputas fiscales.
Y es que dijeron que tan solo unos días después de que se anunciara el acuerdo de Walmex, la embotelladora de Coca-Cola y operadora de tiendas Fomento Económico Mexicano (FEMSA) dijo que pagaría un acuerdo aún mayor de 8 mil 800 millones de pesos (alrededor de 410 millones de dólares), para evitar ir a la corte, mientras que durante el fin de semana, López Obrador destacó que International Business Machines acordó pagar 669 millones de pesos.
Cabe señalar que el acuerdo, anunciado el mes pasado, fue el más grande en la historia reciente, según media docena de expertos en impuestos, y marcó un momento decisivo en la batalla del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para poner fin a la evasión fiscal generalizada en México desde que asumió el cargo a fines de 2018. También reduce la probabilidad de que el minorista más grande del mundo se enfrente a un mayor enjuiciamiento por cuestiones fiscales.
Es importante mencionar que tras esta revelación, el SAT no ha respondido a una solicitud de comentarios por parte de Bloomberg News, mientras que Walmex dijo que había trabajado con las autoridades fiscales en la interpretación de leyes “complejas”.
Fuente: El Financiero/foto: archivo/doh
