Controversial ley antiinmigrante enfrentará su primer reto ante una corte federal

Imagen Controversial ley antiinmigrante enfrentará su primer reto ante una corte federal

 La controversial ley antiinmigrante SB 4, promulgada el pasado 7 de mayo por el gobernador de Texas, Greg Abbott, enfrentará mañana lunes su primer reto ante una corte federal.

Por primera vez, los opositores a la ley y los promotores del estatuto expondrán sus argumentos en contra y a favor ante el juez federal Orlando García, en la Corte Federal en San Antonio.

Los opositores, cuatro condados, cinco ciudades y varias organizaciones civiles, consolidados todos en una demanda en contra de la ley, expondrán ante el juez el por qué la legislación debe ser suspendida antes de su entrada en vigor el próximo 1 de septiembre, y eventualmente ser anulada por considerarla inconstitucional.

La ley SB 4, conocida también como ley contra ciudades santuario, autoriza a los policías locales preguntar sobre el estatus migratorio de las personas durante cualquier detención, incluidas paradas de tránsito.

La ley contempla además castigar a los alcaldes, sheriffs, policías y jefes de policía, por no cooperar con las autoridades federales y honrar las solicitudes de detención de los agentes de inmigración para mantener detenidos a los reclusos no ciudadanos sujetos a la deportación.

La legislación establece que los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes de inmigración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.

Le ley contempla imponer sanciones de hasta 25 mil dólares por día a las jurisdicciones que violen sus disposiciones. Desde su promulgación, el número de gobiernos locales que se oponen al estatuto va en aumento.

Las ciudades más grandes de Texas, incluyendo Dallas, Houston, San Antonio, Austin y El Paso, además del condado de Bexar y Maverick, entre otros, se han sumado a una demanda en la que se cuestiona la constitucionalidad de la SB 4 y se pide su anulación.

También, la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y el Fondo para la Defensa Legal y la Educación del México-Estadunidense (MALDEF) se han sumado a la demanda.

El presidente y abogado general de MALDEF, Thomas Sáenz, dijo que espera que el juez García considere seriamente durante la audiencia los "posibles daños y las importantes cuestiones constitucionales" sobre la legalidad de la SB 4.

"Debido a que la SB 4 podría infligir daño grave e irreparable a individuos y funcionarios públicos, debería ser prohibida hasta que se determine la legalidad de la ley", dijo Sáenz.

Los jefes de policías de las principales ciudades de Texas han advertido que la ley SB 4 “conducirá a la desconfianza en la policía, a menos cooperación de los miembros de la comunidad y fomentará la creencia de que no pueden pedir ayuda a la policía por temor a ser sometido a una investigación de inmigración”.

“Incluso los inmigrantes legales están comenzando a evitar el contacto con la policía por temor a que ellos o miembros indocumentados de sus familias o amigos puedan estar sujetos a la aplicación de la ley de inmigración”, señalaron los jefes de policía de Dallas, Houston, San Antonio, Austin y otras ciudades en una carta pública emitida en mayo pasado.

En la audiencia de este lunes, abogados de la Oficina del Procurador General de Texas buscarán contrarrestar los argumentos de quienes se oponen a la SB 4, insistiendo en que la ley es constitucional y constituye una herramienta necesaria para brindar seguridad a los residentes de Texas.

“Aplicar la ley de inmigración ayuda a prevenir que criminales peligrosos sean liberados en las comunidades de Texas”, dijo el procurador general de Texas, Ken Paxton. La semana pasada la administración del presidente Donald Trump informó que ayudará a Texas a defender la constitucionalidad de la SB 4.

El Departamento de Justicia presentó una “Declaración de Interés” ante una corte federal, indicando que tiene planes para involucrarse en todos los procedimientos judiciales sobre la ley SB 4.

“Saber que la administración Trump cree en defender a la Constitución y a la ley da confianza, y agradezco al Departamento de Justicia por prestar su ayuda a la procuraduría general para defender la ley SB 4”, dijo Paxton.

 

Fuente/foto:Notimex/JM

Editor: Redacción xeu